“Parece muy evidente que el actual reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, la duplicidad y la excesiva regulación, resultan un problema ante situaciones que exigen una actuación rápida y una coordinación extraordinaria. Cualquier abogado que se dedique al derecho ambiental conoce los conflictos de competencias que se han suscitado en la materia y que han llegado a los tribunales. De la misma forma, sufrimos la ambigüedad de la regulación, la falta de seguridad jurídica y la sobrerregulación en la materia, que lejos de dar respuesta a los problemas, los complican y oscurecen. Va siendo hora de revisar la situación, concentrar las competencias y actuar de conformidad con los principios de buena regulación en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria (art. 129 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Esto es, conforme a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, trasparencia y eficiencia”. Esta es la opinión de Pilar Martínez sobre el reparto de competencias en este artículo en el que argumenta las razones por las que considera que el Gobierno no puede eludir su responsabilidad en el desastre de la DANA.
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